El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es un organismo de servicio social constituido el 24 de abril de 1972, eso significa que este año cumplirá su primer medio siglo de existencia.

En los últimos tres años, la administración de este instituto encabezada por Carlos Martínez ha hecho una serie de cambios que resultaban más que necesarios y que por mucho tiempo habían afectado de manera importante a millones de mexicanos. Incluso se ha anunciado que a lo largo de este 2022 –y a modo de celebración– el Infonavit otorgará nuevas opciones de financiamiento y que en mayo lanzará un importante programa para sustituir todos los créditos denominados en veces salarios mínimos (VSM) a pesos.

Recordemos que, en este tipo de créditos, cada año el monto de la deuda y las mensualidades del acreditado se ajustan dependiendo del aumento anual al salario mínimo o la UMA (lo que resulte menor). Para dimensionar ese efecto, pensemos en un acreditado que debía un millón de pesos al Infonavit en 2021 y que, a partir de febrero de este año, vio cómo su deuda aumentó 49,900 pesos más.

Sin duda, aplaudo esa medida de pie, pues es sensible, responsable, sensata y protege el patrimonio de casi cuatro millones de derechohabientes. No obstante, es importante alzar la voz sobre otro aspecto que sigue afectando a la clase trabajadora de nuestro país, a quienes el propio instituto considera los verdaderos dueños de Infonavit.

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